Vital el Plan Obama para la UPR

8 de Mayo de 2009

La disminución de los recaudos del Gobierno y la exclusión de nuevos tributos a la hora de nutrir la fórmula base de financiación del sistema público de enseñanza a nivel superior colocan a la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante una de las crisis fiscales más significativas desde su fundación debido a que tendrá que enfrentar, en los próximos dos años fiscales, la reducción de $300 millones de las asignaciones que recibe del Estado.

Es conocido que la UPR opera gracias a la asignación del 9.6 por ciento del presupuesto del Fondo General del Gobierno, al cobro de matrícula y a las partidas federales que recibe para investigación. Es por esto que la disminución para el próximo año fiscal en los recaudos del Gobierno de casi $2,000 millones precipita el difícil panorama que encaran las arcas universitarias. Además, la fórmula de financiación de la UPR sufrió un gran impacto debido a que no podrá contar con los recaudos que surjan de la implantación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, mejor conocida como Ley Especial Sobre Emergencia Fiscal de Puerto Rico; estatuto en el que se estipulan, entre otras medidas: aumentos a los arbitrios de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, una nueva contribución especial sobre propiedad inmueble residencial de alto valor y nuevos impuestos a la banca y a las corporaciones. Asimismo, la Ley 7 impide que la fórmula de financiación de la UPR cuente -como lo había hecho hasta el momento- con una fracción del Impuesto sobre la Venta y el Uso (IVU) destinado al fondo de amortización de la deuda acumulada, mejor conocido como COFINA. Por todo lo anterior, se estima que la UPR tendrá una reducción de la aportación estatal para el año en curso de $118 millones y de $180.7 millones para el año fiscal 2010-2011.

Ante este escenario, la UPR congeló, a principio de este año, el reclutamiento de personal no docente, redujo las órdenes de compra de equipos, puso en venta una tercera parte de todos los vehículos de motor de la institución e implantó una política para explorar la generación de energía eólica y realizar auditorías en cada una de las once unidades del sistema UPR en búsqueda de reducir el consumo de energía eléctrica. También, se ordenó la reducción de un 50 por ciento en los gastos de viaje y se estableció la conversión electrónica de los sistemas de pago de becas, suplidores y nómina lo que se espera redunde en ahorros en costos de operación.

Apuestan al plan federal

Además de la disminución de gastos internos, la UPR apuesta a una asignación sustancial del American Recovery and Reinvestment Act 2009, aprobada por el Congreso y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta ley asigna, durante cada uno de los próximos dos años fiscales, $54,600 millones al Departamento de Educación Federal para el establecimiento de un fondo de estabilización fiscal que será distribuido en cada uno de los estados y sus territorios. Según los cálculos del Departamento de Educación de Estados Unidos a Puerto Rico le corresponden $647 millones. De estos fondos, al menos el 82 por ciento ($530 millones) debe ser repartido entre el Departamento de Educación (DE) y las instituciones públicas de educación superior como la UPR, el Conservatorio de Música y el Instituto Tecnológico de San Juan y queda a discreción del gobernador Luis Fortuño asignar el 18 por ciento restante para inversión en educación o utilizarlo en otros proyectos de infraestructura en el País.

De acuerdo al vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la UPR, José Luis Cruz Rivera, el Plan Obama busca “acercar o igualar el presupuesto” de las agencias públicas, en este caso los del DE y la UPR para los próximos dos años fiscales. “Al final del día lo que se asigne a la Universidad va a depender de la matemática que se haga a la hora de determinar cuál es la aportación del Estado al presupuesto del DE y cuál será la brecha presupuestaria de la agencia”, aseguró.

Indicó además que basándose en la experiencia de los años fiscales anteriores, “ya sabemos que tendremos una insuficiencia de $300 millones los próximos dos años y así se le ha hecho saber al Ejecutivo”. Cruz Rivera agregó que antes de finales del mes de abril el Gobernador debe enviar la solicitud de los fondos al gobierno federal con el desglose de asignación tanto para la UPR como para el DE.

Por su parte, el presidente de la UPR, Antonio García Padilla, sostuvo que es importante la inversión en la infraestructura civil como por ejemplo: las carreteras y puentes pero la inversión en la infraestructura para la educación es fundamental. “Y en un país como Puerto Rico más aún porque apenas comenzamos a hacer las inversiones estratégicas que el desarrollo de la masa critica de la isla necesita. Apenas se terminan los primeros edificios construidos para respaldar la investigación científica como el complejo de laboratorios de investigación del Centro de Cáncer, el edificio de Ciencias Moleculares en Cupey y la planta piloto de bioprocesos en Mayagüez apenas está comenzando operaciones. Puerto Rico está en una coyuntura que necesita fortalecer estas inversiones en la infraestructura científica”, recalcó García Padilla en entrevista con Diálogo Digital.

De otra parte, para el síndico estudiantil Jorge Farinacci Fernós, es indispensable que el Gobernador asigne por completo los $647 millones al reglón de educación pero destacó que aunque se espera que los fondos deban ser repartidos proporcionalmente entre la UPR y el DE, el déficit de esta última dependencia puede alcanzar los $400 millones para el primer año. “Por los pasados 10 años el Estado ha destinado el 26 por ciento de su prepuesto al DE y si este año se asigna exactamente lo mismo el déficit del DE podría ser $400 millones y el de la UPR $118 millones. Al prorratear los $647 millones del Plan de Obama, según la asignación que le da el Estado a ambas (dependencias), a la Universidad le tocaría sólo 77 millones y esto representa un problema ya que el dinero federal está destinado para usarse en dos años y el déficit de la UPR proyectado es de 300 millones (en el mismo periodo de tiempo)”, indicó Farinacci Fernós.

Sobre este particular, el doctor Cruz Rivera comentó que el Estado va a recibir fondos adicionales, como los de Título I, que podría destinar al DE. Señaló que la utilización de esta otra partida podría liberar fondos estatales que entonces estarían disponibles como parte del presupuesto regular del DE para evitar que la insuficiencia presupuestaria de la agencia sea muy alta y lograr así satisfacer las necesidades presupuestarias de la Universidad.
Por otro lado, el representante estudiantil ante la Junta de Síndicos sentenció que “fue un error excluir a la UPR de los nuevos recaudos establecidos con la Ley 7” y enmendar el estatuto que permitía aplicar la formula de financiamiento de la UPR a los recaudos del IVU destinados a COFINA; lo que según la Oficina de Presupuesto de la UPR representaba al menos $30 millones anuales para la institución. Farinacci Fernós aprovechó para alertar a la comunidad universitaria sobre el proyecto de las Alianzas Público y Privadas, medida que ante el difícil cuadro fiscal del Sistema UPR podría provocar el “alquiler de recintos” y a juicio del estudiante de tercer año en la Escuela de Derecho atenta contra la calidad educativa ya que se estaría contratando a entidades privadas para administrar los recursos de algunas unidades del sistema y hacer de la “educación pública un negocio” en la búsqueda de una operación costo eficiente.

Algunos recordarán que en 1999 la reducción de $40 millones del presupuesto asignado a la UPR bajo la administración del ex gobernador Pedro Rosselló fue objeto de arduas controversias. En aquel momento, el Primer Ejecutivo convirtió en ley un proyecto para crear un fondo de becas a través de la Ley de Oportunidades Educativas y esta acción tuvo la oposición hasta del entonces presidente de la UPR, Norman Maldonado.

Para la presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Martha Quiñones, es lógico que el impacto de un déficit de $300 millones sea mayor que el que provocó la reducción de $40 millones a la universidad del Estado. Además, para la economista parte de la crisis presupuestaria que enfrenta la UPR es autoinfligida debido a que “la Universidad no ha reclamado eficientemente todos los fondos”.

Quiñones señaló un estudio realizado por el Comité para el Estudio de las Finanzas de la UPR en 2005, en donde se enumeran las instancias que han provocado la erosión de la base del cálculo de la fórmula que le brinda ingresos a la institución. En primer lugar, luego de la derogación de la Ley de Oportunidades Educativas de 1999, la Universidad dejó de devengar en el periodo del 2001 al 2005, al menos $88 millones de los fondos provenientes de los juegos de azar y la ley que regula el deporte hípico. En segundo lugar, la Universidad ha dejado de obtener al menos $104 millones en los pasados once años por concepto del Arbitrio Reductor del Petróleo Crudo, según reza el informe. “Otro de los renglones importantes es el del Centro de Recaudaciones de los Ingresos Municipales (CRIM) del que la UPR dejó de recibir $60 millones en el año fiscal 2006 -2007; por eso es que estamos diciendo que la Universidad no está siendo proactiva en buscar sus fondos”, destacó Quiñones.
La también profesora de economía en la UPR en Arecibo, opinó que la comunidad universitaria debe estar muy atenta a la asignación que el Primer Ejecutivo haga finalmente de los fondos para educación del Plan de Obama debido a que si la brecha presupuestaria que estima la Universidad no se logra apalear con este dinero, no hay duda, de que se afectará la oferta académica. Al haber menos secciones de clases, será más difícil para el estudiante graduarse en cuatro años, acrecentará el problema de los docentes sin plaza sobrecargando de trabajo al claustro y según la economista se terminará afectando la calidad de la investigación y de la enseñanza.