Los partidos ante el reto de la administración pública

30 de Marzo de 2009

Los partidos políticos han presentado ante el pueblo de Puerto Rico un repertorio amplio de medidas para reformar el gobierno y la administración pública. Muchas de las ideas son redundantes, aunque existen divergencias en cuanto a los énfasis en algunas áreas esenciales. Veamos de manera sucinta las propuestas principales de los partidos en orden alfabético.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expone una reforma gubernamental sustentada en la tesis de que el gobierno se ha convertido en un “monstruo burocrático” motivado por el interés partidista y el ánimo de lucro personal que ha erosionado la vocación del servicio público. Ofrece varias medidas para combatir la corrupción y propiciar una mayor participación en la gestión pública, la implantación de nuevos procesos con el objetivo de fortalecer los derechos de los ciudadanos, la transparencia, el libre acceso a la información y la aplicación de tecnologías innovadoras en la provisión de servicios más ágiles en el gobierno central y los municipios. El PIP procura una “verdadera reorganización” de la Rama Ejecutiva, así como la participación de los empleados en las decisiones que les afectan. Entre las medidas más importantes se destacan: una nueva ley de sindicación de los empleados públicos, elevar el principio de mérito a rango constitucional, profesionalizar la administración pública en los puestos de confianza, instaurar incentivos de productividad, educación continua e iniciar una nueva reforma municipal.
De otro lado, el Partido Nuevo Progresista (PNP) pretende “rescatar a la Patria” de la crisis económica, política y social con un programa de “visión, cambio y futuro” cuyos principios son: despertar el motor económico del sector privado, ajustar al gobierno a trabajar dentro del presupuesto aprobado y aliviar la carga del sistema contributivo. Su visión es transformar el gobierno de una estructura “acaparadora y paternalista” a un gobierno que sea “facilitador y cogestor” del desarrollo, así como “reestablecer la confianza y el respeto hacia las instituciones públicas”. Para lograr esas aspiraciones el PNP propone una “reinvención gubernamental” con una agenda ininterrumpida de reforma, involucrando a los servidores públicos, establecer un gobierno digital, manejo responsable del presupuesto, promover la descentralización, regionalización y municipalización de “ciertos servicios públicos” e instaurar mecanismos para la medición de resultados y rendimientos de cuentas mediante la evaluación del desempeño. Además, aboga por un plan para prevenir la corrupción basado en la política de cero tolerancia y “transparencia absoluta” en los asuntos públicos. Finalmente, se compromete con un nuevo modelo de colaboración y asociación con el tercer sector.
Por otra parte, el Partido Popular Democrático (PPD) se dirige hacia un nuevo Proyecto de País con una visión de un Puerto Rico competitivo, productivo y solidario. Adopta un conjunto de medidas para la transformación de los procesos gerenciales y crear estructuras más eficientes. Esto mediante la aprobación de una Ley de Modernización y Reorganización Gubernamental con la finalidad de agilizar trámites burocráticos, instituir horarios flexibles y aumentar el acceso de los ciudadanos a la red de Internet y la conectividad inalámbrica en cada dependencia del gobierno, incluyendo los municipios. El eje de esta propuesta, sin embargo, radica en un nuevo modelo de gobernanza cimentado en la descentralización, autonomía municipal garantizada en la Constitución y la creación de regiones autónomas integradas por municipios adyacentes las cuales conformarán organismos de gobierno independientes con mayores poderes, competencias y servicios delegados. En este modelo la legislación actual evolucionará hacia una nueva Ley de Municipios y Regiones Autónomas. El PPD además, se compromete con apoyar el cooperativismo y se reafirma en el fortalecimiento del programa de Comunidades Especiales.

Finalmente, el Partido Puertorriqueños Por Puerto Rico (PPR) se orienta a establecer un gobierno en el que los ciudadanos serán parte integrante del proceso decisorio y de fiscalización en el contexto de una “economía restauradora”. Desde esta óptica la función del gobierno se orienta a “facilitar servicios y recursos” para efectuar las propuestas de los ciudadanos. Propone una administración pública despolitizada mediante el nombramiento de los jefes de agencias basado en las recomendaciones de los empleados, uniones y grupos interesados, y el establecimiento de normas contra el partidismo y el principio de mérito como fundamento de la administración de los recursos humanos. Además, el PPR plantea reducir el tamaño del gobierno a través de “incentivos de retiro”; simplificación de procesos mediante la integración de los sistemas de información y la reubicación de oficinas en toda la Isla, descentralizar las actividades gubernamentales, aumentar la productividad de los empleados y la reingeniería de procesos.

De lo anterior se trasluce que la mayoría de las propuestas de todos los partidos está relacionada con estrategias para lograr mayor efectividad y transformar el “monstruo burocrático”, por lo cual son similares y deberían adoptarse irrespectivo del partido que triunfe en las elecciones. En otras áreas hay diferencias conceptuales: El PIP parece tener resistencia con la autonomía municipal, el PNP no profundiza en la regionalización de servicios, el PPD calla ante los problemas del partidismo, la profesionalización del servicio público y la corrupción, el PPR no elabora sus propuestas y ninguno de ellos menciona el costo de las reformas ni cómo serán financiadas.

Ciertamente existe consenso en la necesidad de desarmar el centralismo de un gobierno disfuncional y burocratizado y el reconocimiento implícito de que éste ha perdido el monopolio en la prestación directa de servicios. Sin embargo, queda por definir cuáles son las funciones y responsabilidades indelegables que el gobierno a nivel central debe retener cuando predomina la fragmentación en la prestación de servicios públicos esenciales. Advierto que sin redefinir este marco institucional, la coherencia en el diseño e implantación de las políticas públicas, la integridad y el rendimiento de cuentas del sistema político-administrativo están en constante peligro y la posibilidad de gobernar se diluye peligrosamente, incluso con la mayor racionalidad de las estructuras o la adopción de la más avanzada tecnología administrativa.
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