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23 jul, 2014

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"Solo quiero salir de todo esto", repite a IPS entre frecuentes suspiros la joven mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupart, que desde diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador.

Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México.

La tarde del 9 de diciembre, iba a reunirse con su novia cuando fue interceptada por dos hombres en la calle, que la raptaron, amenazándola con una navaja, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un hotel, según la versión que ella ha defendido durante el proceso.

Según su testimonio, los dos hombres la golpearon. Uno de ellos, Miguel Ángel Anaya, de 37 años y 90 kilos, la violó, mientras su hermano, Luis Omar Anaya, salía a fumar. La joven se defendió e hirió a su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su moto.

Ella también salió corriendo del hotel y pidió ayuda a unos policías. Sangrando y semidesnuda llegó a una oficina del Ministerio Público (fiscalía), a tres cuadras del lugar.

Mientras esperaba que la atendieran varias heridas, una de ellas de 14 centímetros en un brazo, llegó su segundo agresor y la acusó de asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición de lesbiana desmonta, según su defensa.

Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas, acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60 años.

Tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de "legítima defensa con exceso de violencia", asignó una fianza, que a la familia le costó mucho reunir, del equivalente a 10,000 dólares y le permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el tribunal.

Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas que han recibido ella y familia. Solo sale acompañada de sus padres.

"Pasó de una cárcel a la otra", dijo Marina Beltrán, su madre de crianza desde que tenía seis meses, presente durante la entrevista con IPS.

Luis Omar Anaya negó haber participado en el rapto y, según su versión, aseguró que estaba en su casa, a poca distancia del hotel, cuando su hermano llegó moribundo.

Además, el lunes 23 solicitó ante un juez federal que se revoque la libertad condicional, en un amparo sobre el que hay que decidir en un plazo de 90 días. IPS intentó sin éxito dialogar con el abogado de Anaya.

Todo el proceso ha puesto en evidencia una red de protección judicial sobre los hermanos Anaya, que incluye la fabricación posterior de pruebas en contra de la joven.

Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en México, Yakiri se ha convertido en un emblema contra el machismo que impera en las instituciones que imparten justicia, donde el principio es desestimar lo que digan las mujeres violadas.

"Miles de mujeres han sido asesinadas luego de ser violadas y los feminicidas siguen libres. Pero una mujer violada que se defiende de la muerte termina en la cárcel y uno de sus violadores queda libre", escribió la periodista y activista Lydia Cacho.

Por lo menos, el caso ha mostrado todas las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación.

Cada año, se denuncian 15,000 violaciones en México, pero solo 2,000 llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por el parlamento y el gobierno con ONU Mujeres.

La situación real es peor porque solo entre 12 y 15 por ciento de las niñas o mujeres violadas lo denuncian, según el reporte que presentó Amnistía Internacional en julio de 2012 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.

"Amnistía Internacional no tiene conocimiento de la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose", asegura.

En el caso de Yakiri, los funcionarios del Ministerio Público tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y pasar el expediente a una fiscalía especializada en género.

Tampoco fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.

La Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde 2005, estipula que en caso de violación, "las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán (...) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia" y están obligadas a "prestar servicios de aborto médico".

Otro elemento machista, explica a IPS la abogada defensora Ana Katiria Suárez Castro, quien atiende gratuitamente el caso de Yakiri. Aseguró que la clasificación de "exceso de violencia" en la legitima defensa se usa mayoritariamente contra mujeres violadas.

El principal antecedente de este caso ocurrió en febrero de 1996, en el Estado de México, por el que se expande la metrópoli capitalina, cuando al salir de una fiesta, una joven disparó y mató al novio de una amiga que pretendía violarla.

Un juez consideró entonces que, como la sangre de él estaba saturada de alcohol y la de ella no, el agresor no era consciente de sus acciones, mientras que la joven sí pudo haber evitado las suyas.

"¡El exceso de violencia en la legítima defensa es absurdo! ¿Cómo te puedes defender poquito?", exclama la madre de Yakiri.

El matiz es determinante. Si el juez no hubiera establecido el exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de 28,000 dólares para "reparar el daño".

En contraparte, la denuncia por la violación está bloqueada porque, para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales no han considerado la reparación del daño, ni la participación del segundo agresor.

Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y recuperar sus vidas.

Durante este tiempo sus padres abandonaron sus trabajos y sus hermanos dejaron la escuela. La familia recibe acompañamiento psicológico. Ella ha tenido que acostumbrarse a tratar con periodistas.

"Al principio fue horrible, me ponía a llorar, porque cada vez que tengo que contar lo que pasó es como volver a vivirlo. Ya no lloro. Solo quiero que esto se acabe", dice.

También quisiera volver a estudiar. "Siempre me gustó más trabajar. Pero ahora desearía aprender de leyes para ayudar a otras mujeres que pasan lo mismo que yo y no tienen a una abogada como la mía", dijo esbozando, por fin, una débil sonrisa.

Publicado en Internacional

Con el propósito de crear una herramienta que ayude a reducir los niveles de conflictividad social y promover la no violencia en contextos de exclusión, un colectivo de mujeres residentes en Puerto Rico celebraron en San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas, México, el Taller de arte y comunicación para la paz.

El evento, que se llevó a cabo del 19 al 30 de octubre de 2013, buscó también preparar jóvenes para ser promotores de paz, construyendo con el grupo destrezas que les permitan documentar violaciones a los derechos humanos, compartir saberes sobre la negociación de los conflictos y proveer para la sustentabilidad económica y cultural de sus comunidades.

“Lo pensamos como un modelo para desarrollar culturas de paz con justicia social y equidad. Establecimos como misión construir la reflexión y la acción (personal y colectiva) respecto a la creación de una cultura de paz proactiva, en el contexto de soberanía económica y desarrollo sustentable”, explicó la doctora Liliana Cotto Morales, miembro de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La Cátedra es parte del Instituto Internacional de Educación para la Paz, que realizó su encuentro bi-anual este año en la UPR. 

El taller generó experiencias de arte y comunicación, utilizando como herramientas la fotografía y el video, además de técnicas teatrales y de danza, enmarcado dentro de la educación como formación integral.

“En el taller incorporamos los contenidos de educación para la paz desarrollados en el Seminario Intercultural Mayense de San Cristóbal de las Casas, los de Fundeconp (Fundación de una convivencia pacífica), de Santa Cruz, Bolivia, fundación promotora de estrategias educativas para la paz y las experiencias de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la UPR”, indicó la doctora.

San Cristóbal fue escogido como el primer lugar para llevar a cabo el modelo piloto, en atención a las violaciones continuas de los derechos humanos en Chiapas. Según el Instituto, el estado chiapaneco es el segundo estado con mayor grado de marginación en México. Las inequidades educativas, económicas, del entorno, de salud y políticas causan la migración de entre 30,000 y 50,000 chiapanecos.

El taller contó con la participación de jóvenes de distintas edades, religiones y círculos sociales, con el propósito de estimular los vínculos solidarios entre grupos de discursos y desarrollar tácticas diferentes pero convergentes en el objetivo de caminar hacia una cultura de paz, fortaleciendo la interculturalidad, la autonomía, la dignidad y la soberanía alimentaria.

“Comenzamos con jóvenes de Chiapas como proyecto piloto. Aspiramos a obtener financiamiento para reproducir el modelo haciendo los cambios pertinentes, con jóvenes de Puerto Rico. Por medio de las experiencias comparativas se pretende empoderar a los y las jóvenes para que generen acciones interculturales que transformen su realidad”, enfatizó Cotto.

Por otro lado, Cotto explicó que el taller fue desde su planificación una herramienta para contribuir a generar capital humano que ayude a crear estructuras sociales y económicas, inclusivas, autogestionadas y pertinentes para los participantes. “Fue un proceso de inmersión en que las educadoras convivieron con los y las educandos durante doce días en las instalaciones de la Universidad de la Tierra. La  enseñanza-aprendizaje se llevaba a cabo alternando las charlas y los conversatorios de contenidos teóricos con las explicaciones y los ejercicios prácticos de los componentes de fotografía, cine, artes escénicas y baile”, señaló la doctora del Instituto.

Los ejercicios se trabajaron de manera interactiva y práctica. Las facilitadoras presentaban los materiales y los educandos aportaban sus reflexiones que transformaban y en ocasiones rechazaban el material ofrecido.

Entre la selección de temas e imágenes que se utilizaron en el componente teórico del taller, contextualizados a partir de una perspectiva macrosocial (capitalismo, colonialidad, interculturalidad) y microsocial (impactos en las subjetividades y en las identidades colectivas).

En primer lugar, la paz y la guerra fueron temas que se analizaron a partir del principio de que la injusticia y la desigualdad crean las condiciones para la guerra, por lo cual para que haya paz permanente tiene que haber igualdad. Se abordó también, el tema de la diversidad, que se desarrolló alrededor de las preguntas ¿es malo ser diferente?, ¿qué nos hace diferentes? y ¿cómo podemos manejar nuestras diferencias? Se realizó, además, un análisis de conflictos.

“Al reflexionar sobre este tema concluimos que siempre existirán conflictos en la sociedad, que somos generadores de éstos pero que las personas no son el conflicto. Por lo cual, no hay personas conflictivas sino personas que viven conflictos”, indicó Cotto.

En cuanto a la negociación, se conceptuó como una herramienta de conciliación, se analizó como un proceso a través del cual dos personas o grupos en conflicto puedan aumentar sus posibilidades de resolver la diferencia por vía de la satisfacción de sus intereses y necesidades, alcanzando un nivel de respeto y convivencia sana.

El esfuerzo del Instituto busca desarrollar una cultura de paz, que implica reconocer los conflictos como espacios en los que se encuentran, se trabajan y armonizan los diversos intereses y miradas de personas, grupos o comunidades.

El Instituto busca constriur agendas de paz, pero para construirlas se requiere la práctica de una tolerancia proactiva que no significa indiferencia. Incluye, además, la responsabilidad de educar para la tolerancia, un enfoque positivo hacia la diferencia de etnias, pensar de manera integradora, combatir el racismo y practicar una educación intercultural. “Todo lo anterior contribuye a generar un clima positivo en el que se prioricen las convergencias y las similitudes”, concluyó Cotto. 

Publicado en Internacional
Lunes 10 de junio de 2013 15:56

Monsanto solicita patentes del maíz mexicano

La posible autorización del gobierno mexicano a las cinco solicitudes hechas por Monsanto y Pioneer Hi-Bred, a través de su filial PHI México, para la siembra a escala comercial de maíz genéticamente modificado sobre, al menos, 1 millón 400 mil hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas ha puesto en vilo al mundo entero, asegura Pat Mooney, director ejecutivo del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, también conocido como Grupo ETC.

El Premio Nóbel Alternativo 1985 señaló que ésta es la primera vez en la que uno de los cultivos más importantes para la alimentación en el mundo es amenazado en su centro de origen y diversificación.

“Si la contaminación y la destrucción ocurren en México, veremos la destrucción del arroz en Asia, del trigo en el Oriente Medio y de todos los grandes cultivos alimentarios del mundo,” aseguró Mooney.

En entrevista con la revista Contralínea, Mooney advierte que el maíz, principal cultivo de México, de países de América Central y de la humanidad, pretende ser utilizado por las trasnacionales como herramienta para el control político y económico: “Un intento por controlar la soberanía alimentaria y la agricultura en todo el mundo,” observó el Director Ejecutivo del Grupo ETC.

De acuerdo con Mooney, la importancia del control de las trasnacionales sobre el maíz se puede expresar en una cifra: el 45 por ciento de los recursos que éstas gastan en investigación sobre semillas lo destinan sólo al maíz.

El también especialista en agricultura, biotecnología, biodiversidad y nanotecnología resaltó que pese a que los campesinos y los pueblos del mundo han domesticado y desarrollado más de 7 mil cultivos alimentarios, las trasnacionales dedican casi la mitad de los gastos de investigación sólo al cultivo de maíz.

“Esto es porque quieren hacer del maíz muchas más cosas que alimento”, advirtió. Explicó, además, que mientras que en el pasado el desarrollo de una nueva variedad de semillas convencionales le costaba a las empresas 1 millón de dólares, el desarrollo de una variedad genéticamente modificada cuesta alrededor de 136 millones de dólares. “No sólo resulta económicamente ruinoso, sino también riesgoso”, aseguró.

A ello se suma la dificultad para convencer a algunos gobiernos, campesinos y ciudadanos de los beneficios de los transgénicos. Como resultado, las empresas intentan desplazarse hacia la biología sintética. En lugar de transferir genes entre especies, como sucede con los transgénicos, caminan hacia la construcción de ácido desoxirribonucleico (ADN) desde cero.

“Con la biología sintética se pueden construir cadenas de pares base de ADN a partir de nada para construir especies. Así que el genoma del maíz, igual que el genoma humano, ha sido tomado; se toma como base o formato y a partir de ahí se construyen distintas estructuras,” mencionó Mooney.

Además, Mooney subrayó que para las seis grandes empresas, o “las seis gigantes genéticas” (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Basf), la naturaleza es sólo el punto de partida, una plantilla, un formato, un machote para construir nuevas formas. El especialista afirmó que las trasnacionales han llegado al punto de afirmar que son capaces de generar en un tubo de ensayo más biodiversidad que la existente en la Amazonía.

La biología sintética ha hecho posible que el maíz –que es alimento en México– sea utilizado para producir plásticos, cosméticos, combustibles e incluso químicos. “Ven al maíz no sólo como la base de la alimentación sino como la materia prima para la producción de todo tipo de mercancía”, indicó Mooney.

El experto sostuvo que el maíz es un cultivo extraordinariamente flexible y ello hace que las trasnacionales y sus científicos piensen que el maíz les podría permitir hacer prácticamente cualquier cosa.

“La amenaza a su monopolio consiste básicamente en que México es el centro de origen y diversidad del maíz. La diversidad es una amenaza para las trasnacionales porque significa que podrían existir otras alternativas al control corporativo. Imagínense qué tan enfermo está el mundo cuando a la naturaleza se la denomina competencia”, recriminó.

Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, México es cuna del maíz (el segundo cereal más importante en el mundo), centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano.

Por ello, Mooney considera que la lucha que se lleva en México es de vital importancia. “Si logran su cometido y creo que pueden ser exitosos en detener la introducción de maíz transgénico a México, entonces existe esperanza para todos los demás pueblos del mundo de detener la introducción de transgénicos en sus territorios. Si dejamos que las corporaciones ganen aquí, no habrá manera de detenerlas,” finalizó Mooney.

Publicado en Local

Hace unos días en el marco de sus primeros cien días de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la que pretende poner fin a los monopolios de Telmex y el duopolio televisivo de Televisa-TV Azteca, así como garantizar el derecho a la información.

Los involucrados en la realización de esta reforma advierten que se incorporó por primera vez en los artículos 6° y 7° de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de publicidad integrada (propaganda política presentada como información noticiosa), y el acceso a nuevas tecnologías como derecho universal.

Llama la atención que se haya incorporado conceptos a favor de la libertad de expresión, ¿qué otros conceptos se le puede añadir a lo que claramente ya establecen los artículos 6° y 7°?
El artículo 6° señala, “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Por su parte, el artículo 7° señala lo siguiente, “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito”.

En lo que va de los primeros tres meses del retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se han registrado una serie agresiones contra el gremio periodístico y que ha llevado a organizaciones periodísticas a tomar acciones drásticas.

El diario El Siglo de Torreón, el Diario de Juárez y las televisora Canal 44 de Ciudad Juárez, sufrieron una serie de ataques contras sus instalaciones; el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González, fundador y director del portal web Ojinaga Noticias, y que horas después del artero crimen, el sitio web cerró definitivamente; el diario El Zócalo de Saltillo anunció que dejará de publicar información relacionada con el crimen organizado ante la falta de garantías de seguridad; la criminalización del gobierno de Veracruz al fotoperiodistas Félix Márquez de la agencia Cuartoscuro, que captó imágenes del grupo de autodefensa que surgió hace unos días en el municipio veracurzano de Tlalixcoyan; éstos incidentes se suman a la ya larga lista de agresiones que ha venido sufriendo el periodismo mexicano en los últimos años.

Inacción, insensibilidad e indiferencia del Estado

El periodista Jaime Guadalupe González es el primer periodista asesinado bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mientras que el Senado de la República condenó el asesinato de éste y los ataques a El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez y a la televisora el Canal 44. Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de la República que tome las medidas necesarias para poner un alto a la impunidad en las agresiones contra informadores e instalaciones de medios de comunicación, así como garantizar la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto ni la Presidencia de la República no han hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Tal parece que la indiferencia, y sobre todo el silencio, han caracterizado al actual gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a este tema. Ni los múltiples exhortos, insistencias y llamamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y de defensa y protección a periodistas han hecho reaccionar a este gobierno. Al menos el anterior gobierno de Felipe Calderón tuvo el atrevimiento para señalar a los principales depredadores de los comunicadores, pero no tuvo la misma audacia para poner un alto a esto como lo hizo con tanto ahínco con el combate al narcotráfico.

La esperanza es lo último que muere

Es por esa razón, que la organización Internacional Artículo 19 ha lanzado una iniciativa en línea llamada Impunidad Mata para recabar un millón de firmas para pedirle a las autoridades terminar con la impunidad existente en el país y exigir que se ponga fin a la violación de la libertad de expresión y a los asesinatos y desapariciones de periodistas. Asimismo, se le exhorta al presidente Peña Nieto le otorgue a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión las atribuciones necesarias para proteger a los periodistas. Esperemos que un millón de firmas de mexicanos sea suficiente para sensibilizar y despertar del letargo en el que se encuentra el Estado mexicano ante este tema.

Ante la actual situación, qué sentido tiene licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión, garantizar el acceso a nuevas tecnologías y desarrollar una red pública para ampliar el acceso a servicios digitales, sobre todo lo que respecta a la Banda Ancha, si los hombres y mujeres que día con día proveen de información veraz y oportuna a la sociedad están siendo aniquilados ante las narices de todos. ¿Por qué se requiere de una reforma de telecomunicaciones para que el Estado ahora sí, según dicen, podrá garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando ésta ya está planteada en la Constitución? ¿Quizá ésta reforma sólo pretende proveer más opciones de contenidos de entretenimiento que de información vital para la sociedad?
 

Publicado en Opinión y Debate

Lluvia de balas en México contra la prensa. Y el gatillo de la metralleta se ensaña ahora contra el periódico El Siglo de Torreón. Un grupo armado disparó a mansalva contra las instalaciones del diario y contra policías federales que se encontraban vigilando el edificio. El ataque dejó un muerto.

El edificio donde se ubica El Siglo de Torreón recibió 30 impactos de bala AK-47. Desde un vehículo no identificado se abrió fuego contra una de las entradas del inmueble y descargó una ráfaga a lo largo de la fachada principal. Hay un muerto y cuantiosos daños materiales.

La situación de inseguridad y violencia que enfrenta este medio de comunicación, al igual que otros en la Comarca Lagunera, ha alcanzado los máximos niveles. La lluvia de balas es el segundo ataque directo que sufre El Siglo de Torreón. En las primeras semanas de 2013, aconteció el secuestro de cinco trabajadores de este diario mexicano por parte del crimen organizado, entre los que se encontraban periodistas y personal administrativo.

Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia han reiterado su solidaridad con los colegas de El Siglo de Torreón y manifiestan su más enérgica condena a los repetidos ataques contra este medio.

En el comunicado se lee que “el nuevo atentado contra El Siglo de Torreón exhibe la inacción de las autoridades federales y locales para dar seguimiento a las agresiones contra la prensa y castigar a los perpetradores, así como la falta de aplicación de protocolos adecuados para brindar protección a medios que son objeto de ataques en forma recurrente. Evidencia la total indefensión en la que nos encontramos”.

Las instalaciones de El Siglo de Torreón fueron atacadas anteriormente, en los años 2009 y 2011. Estos hechos nunca fueron sancionados.

“Hacemos un llamado urgente a demostrar voluntad política para abatir la impunidad en los casos de asesinato, agresión y desaparición de periodistas, así como en los ataques directos a medios de comunicación. Los medios firmantes exigimos a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión ponerse a trabajar, en el ámbito de competencia, para restablecer las garantías que permitan el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa. No podemos permitir que la violencia imponga el silencio”.

“Tenemos miedo. Es natural, como cualquiera que estuviese en nuestra situación. Estamos tratando de digerir este mal trago”, decía a Radio Nederland el director del Siglo de Torreón, Javier Garza, en una entrevista realizada a principios de febrero.

El oficio más peligroso en México

“Hoy por hoy, el periodismo es el oficio más peligroso que se puede ejercer en México”, afirma José Gil Olmos, reportero del diario Proceso. Por su parte, la redactora de televisión Chihuahua, Patricia Caudillo, explica que la ley de periodistas surgió “como una exigencia del gremio, pero en la práctica no ha dado resultados”. Para la joven reportera, la corrupción “es el cáncer de México”, por lo que el Gobierno tendría que trabajar “por la protección de toda la ciudadanía”.

Según el redactor de Proceso, la ley de protección a periodistas “no va a servir de mucho”, puesto que a su juicio lo que hay que hacer para defender a los redactores y a la población civil “es combatir el crimen organizado y su vinculación con el poder político”.

“Es un poco contradictorio que las autoridades quieran apoyar a los periodistas cuando son las mismas autoridades quienes nos están atacando”, afirma la redactora del periódico Norte de Ciudad Juárez, Herika Martínez Prado.

Caudillo explica que muchos periodistas han sido víctimas de amenazas por parte de la policía, lo que lleva a los redactores a un estado de indefensión que les hace cuestionarse “y ahora qué hago, quién es mi aliado, quién me defiende”.

Publicado en Local
Jueves 21 de febrero de 2013 05:00

Alerta en México ante siembra de transgénicos

La posible siembra a escala comercial del maíz transgénico en los estados mexicanos de Sinaloa y Tamaulipas podría acarrear la contaminación de las 59 razas nativas y a largo plazo su pérdida, según advierten científicos, investigadores, agrónomos y organizaciones como Greenpeace.

A pesar de ello, la presión de las multinacionales Monsanto y Pioneer podrían obligar al gobierno a autorizar su siembra de forma inminente.

“Ya estamos comiendo maíz transgénico debido a las importaciones de diez millones de toneladas procedentes de Estados Unidos”. Con estas palabras, el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Antonio Turrent Fernández, afirma que la población mexicana consume alimentos genéticamente modificados procedentes de las transacciones que desde hace dieciséis años se están recibiendo del país norteamericano.

Según el investigador, “el 80 porciento de las superficies sembradas de maíz en Estados Unidos son transgénicos, al igual que lo importado desde África del Sur”. El investigador Emérito Nacional asevera que “es mercantilista y colonialista pensar que el mexicano si tiene hambre acabará comiendo la tortilla industrial, sea de la calidad que sea, al final se la va a tener que comer”.

Turrent explica que para el consumo humano directo se requieren entre doce y catorce millones de toneladas, y en Sinaloa se siembran 500.000 hectáreas bajo riego con un rendimiento de diez toneladas por hectárea. Por ello, según el agrónomo, si se concede el permiso de plantar maíz transgénico en Sinaloa a las multinacionales, y en cuatro o cinco años las 500 mil hectáreas estuviesen sembradas con maíz transgénico también blanco, “habría que dar de comer a la población con este maíz blanco transgénico”.

Asimismo, la Coordinadora de Agricultura de Greenpeace México, Aleira Lara, advierte que en la red alimentaria mexicana “hay productos de consumo humano que usan maíz de Estados Unidos para fructuosa, para endulzante de algunas bebidas o como fécula, y este maíz no está registrado en ninguna etiqueta”.

Según la coordinadora de Greenpeace, la autorización de cultivos de maíz transgénico a escala comercial causaría un problema de salud en la población puesto que “los mexicanos consumen el maíz sin ningún tipo de elaboración o cocción, por lo que las alertas se potencializarían”.

Además, Lara explica que el maíz procedente de Estados Unidos para forraje y uso industrial no está segregado del maíz convencional, por lo que al ingresar a México sin ningún tipo de control puede estar contaminando el suelo “al caer durante su transporte sobre las carreteras”.

Por su parte, el investigador del departamento de Agroecología de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), Miguel Ángel Damián Huato, estima que “es muy probable” que ya se estén consumiendo transgénicos, pero añade que ello no es sólo debido a las importaciones masivas de maíz amarillo de EEUU, sino también a la emigración de finales de los años 90 por parte de los propios productores mexicanos que habrían traído del país norteamericano nuevas técnicas “en su afán de probar su eficiencia efectiva en su parcela”.
 

Contaminación del maíz nativo

“La industria se ha encargado de dispensar la mentira de que cada agricultor tiene el derecho de elegir el cultivo que quiere cultivar. Pero el flujo genético no va a respetar este tipo de decisiones ni de acuerdos. Esto es incontrolable”, afirma la coordinadora de la campaña de agricultura de Greenpeace México, Aleira Lara.

Según la comunicadora, México ya ha enfrentado casos de contaminación “aunque no hayan sido denunciados”. Además, subraya que el país centroamericano ocupaba entre 2001 y 2007 el segundo lugar en casos de contaminación en América, y el octavo a nivel global. “Y ello evidencia que no se puede controlar la contaminación genética”.

Para Lara, los expertos han dado una opinión negativa sobre la siembra de maíz transgénico experimental en Sinaloa y Tamaulipas porque “es imposible la coexistencia de los transgénicos con cultivos convencionales”.

En esta línea, el profesor universitario Miguel Ángel Damián Huato asevera que “de ninguna manera podrían cohabitar puesto que el maíz criollo es el resultado de innovaciones progresivas milenarias que son más adecuadas a los ambientes adversos en que siembran los maiceros”. Por contra, “el maíz transgénico procede de la ingeniería genética por lo que genera semillas adictas a los agroquímicos”.

El agrónomo afirma que la contaminación es inevitable debido a que el maíz es una planta de polinización cruzada y la mayoría de sus flores femeninas son fecundadas con polen de otras plantas de la misma especie. Según el investigador, “si se siembra maíz transgénico, lo más seguro es que el polen de estas semillas puedan fecundar a los maíces criollos de la región”.

Igualmente, la Comisión Nacional de la Biodiversidad de México (CONABIO), expresó en octubre de 2012 su posición sobre las solicitudes de liberación comercial de maíz genéticamente modificado en México e indicó que “la información genética de los maíces cultivados en México está en constante intercambio y fluctuación, y el uso de maíces genéticamente modificado (GM) no supone una excepción”.

La directora del CECCAM, Ana de Ita, explica que la costumbre milenaria del intercambio de semillas nace en México porque el maíz es un cultivo “que necesita mucho vigor”, por lo que al final de la siembra los campesinos seleccionan los mejores granos y los guardan para sembrar en la temporada siguiente. La socióloga añade que en este proceso “las comunidades intercambian las semillas, incluso entre diferentes regiones, para mejorar las características del maíz de manera tradicional con conocimiento campesino”.

Por otra parte, De Ita asegura que las multinacionales podrían “criminalizar a los campesinos” acusándoles de estar utilizando sus innovaciones de transgénicos sin pagar la patente correspondiente. Por lo que los agricultores “podrían ir a juicio por utilizar una patente sin pagar regalías”.

Pérdida de razas nativas a largo plazo

La Comisión Nacional de la Biodiversidad recogió en su documento publicado en 2012 las declaraciones del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, que concluía que “el cultivo de maíz transgénico en México constituye un grave riesgo para la diversidad de las variedades nativas de maíz”, puesto que se desconocían los efectos del maíz GM sobre el nativo.

En esta línea, la directora del CECCAM precisa que las variedades de maíz nativo podrían homogeneizarse tras la invasión de los transgénicos, por lo que a largo plazo “se correría el riesgo de que la riqueza del maíz se vaya erosionando y desaparezcan variedades, y las que queden sean transgénicas”.

El presidente de la UCCS señala que “los transgénicos contaminan en el primer cruce, pero en la segunda generación el proceso se intensifica”. Según el científico, en ese momento comienza la degradación genética del maíz que llevará a un deterioro de la planta y a la pérdida de las razas nativas. “Llega un momento en que la invasión de los transgenes puede hacer que la planta no sea viable, y por este camino comenzaría a reducirse la biodiversidad de las razas nativas de maíz”.

Según el investigador, el país cuenta en la actualidad con 59 razas nativas, y en América del Sur hay otras 350. En el caso de que se produjese esta reducción de razas nativas “los mexicanos necesitarán en 30 o 40 años acudir a este reservorio natural de América Latina para poderse alimentar”.

Turrent concluye que los ciudadanos deben pensar como nación, puesto que “el productor actual es sólo un mayordomo de los recursos que debe pasar su testimonio a la siguiente generación”.

La presión de las multinacionales

El presidente de la UCSS, Antonio Turrent, asegura que su grupo de investigación ha demostrado que “México tiene la tecnología para producir casi el doble de lo que se está consumiendo en la actualidad de maíz, sin maíces transgénicos. Y esa tecnología está disponible”. Según el agrónomo, “la presión de las multinacionales es muy fuerte e impide que esta técnica prospere”.

Asimismo, el investigador del departamento de agroecología de la BUAP, Miguel Ángel Damián Huato, explica que estas innovaciones no llegan a la práctica porque “la mayoría de los actores políticos y técnicos la califican de ineficiente porque se encuentran al servicio de las empresas trasnacionales que producen y venden los transgénicos”.

Huato asevera que desde la Revolución Verde “se han empecinado en vendernos la idea de que el uso de híbridos primero, y transgénicos actualmente, representan la varita mágica para acabar con el hambre que aqueja a los productores de subsistencia”.

Sin embargo, el agrónomo explica que después de 60 años de haberse aplicado los principios de la Revolución Verde al manejo de los cultivos, “la pobreza alimentaria va en aumento y la productividad de los materiales genéticos va en descenso por la contaminación que han provocado al suelo agrícola”.

Por su parte, los especialistas de CONABIO concluyen que México se enfrenta al problema de introducir una nueva tecnología “que pretende imponerse a pesar de no contar aún con evidencia de que se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad adecuadas para el medioambiente y la diversidad biológica”.

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Martes 19 de febrero de 2013 05:00

Periodistas mexicanos solos ante el narco

“Tenemos miedo. Es natural, como cualquiera que estuviese en nuestra situación. Estamos tratando de digerir este mal trago”, cuenta a Radio Nederland el director del Siglo de Torreón, Javier Garza. “Lo importante es recuperarnos de este golpe y seguir ejerciendo nuestra profesión”, explica.

Este nuevo episodio de violencia ejercida contra la profesión periodística ha reabierto el debate sobre la efectividad de la ley de protección a periodistas, puesta en marcha durante la recta final del mandato de Felipe Calderón, y sobre la lucha contra la corrupción en México.

“Hoy por hoy el periodismo es el oficio más peligroso que se puede ejercer en México”, afirma José Gil Olmos, reportero del diario Proceso. El cronista mexicano asevera que esta norma se ha propuesto “con buenas intenciones”, pero también “para dar la idea de que se está haciendo algo”.

La redactora de televisión Chihuahua, Patricia Caudillo, explica que la ley de periodistas surgió “como una exigencia del gremio, pero en la práctica no ha dado resultados”. Para la joven reportera, la corrupción “es el cáncer de México”, por lo que el Gobierno tendría que trabajar “por la protección de toda la ciudadanía”.

Según el redactor de Proceso la ley de protección a periodistas “no va a servir de mucho”, puesto que a su juicio lo que hay que hacer para defender a los redactores y a la población civil “es combatir el crimen organizado y su vinculación con el poder político”.

“Es un poco contradictorio que las autoridades quieran apoyar a los periodistas cuando son las mismas autoridades quienes nos están atacando”, afirma la redactora del periódico Norte de Ciudad Juárez, Herika Martínez Prado. La joven reportera asegura que los últimos ataques sufridos por los periodistas en Ciudad Juárez han sido perpetrados “por las autoridades municipales, las estatales y por los militares”.

Por su parte, Caudillo explica que muchos periodistas han sido víctimas de amenazas por parte de la policía, lo que lleva a los redactores a un estado de indefensión que les hace cuestionarse “y ahora qué hago, quién es mi aliado, quién me defiende”.

En la misma línea, Gil Olmos, que está cubriendo un reportaje sobre violencia en el distrito de Morelos señala que en esta zona del país, “el 60 por ciento de los policías están vinculados con el crimen organizado”.

Ante la indefensión, autodefensa

La redactora del periódico Norte de Ciudad Juárez, Herika Martínez Prado, asegura que las autoridades no han brindado ninguna protección a los periodistas, lo que les ha obligado a buscar formas alternativas de autodefensa y “a hacer alianzas entre los compañeros”.

“Cuando se va a cubrir un homicidio nunca se llega a la escena del crimen antes que la policía. Ningún periodista acude solo, siempre vamos en caravana cuando la zona ya está protegida”, añade Martínez Prado.

En la misma línea, José Gil Olmos explica que, como alternativa para garantizar su seguridad, los periodistas se ven obligados a buscar un compañero con el que estar en contacto permanente. “Llamas varias veces al día a un amigo para que sepa dónde estás, con quién estás y hacia dónde te diriges. Él es tu monitor, y a él le reportas lo que haces”.

El director del Siglo de Torreón, Javier Garza, explica que las autoridades están protegiendo a los trabajadores del diario en su horario laboral, pero no tienen capacidad para defenderlos “cuando llegan a sus casas”.

Además, el hecho de que en esta ocasión el secuestro haya afectado a administrativos del periódico, y no sólo a los redactores, ha obligado al medio a replantear sus actuales protocolos de seguridad. “Ahora tenemos que preparar un protocolo para cualquier tipo de reportero”, concluye.

La autocensura como alternativa de protección

El joven colaborador de la agencia Reuters, José Luis González, se ha visto obligado a dejar de publicar material periodístico por miedo a posibles represalias. “Una vez presencié un enfrentamiento entre militares y crimen organizado y más tarde recibí una llamada que me dijo que si publicaba las fotos me cortarían la cabeza”. “Así que decidí que no iba a arriesgar mi vida por unas fotos”, agrega González.

Asimismo, Herika Martínez Prado, que cubre informaciones sobre feminicidios y desaparición de mujeres, ha tenido que practicar en ocasiones la autocensura para no poner en peligro su vida ni la de las víctimas: “hay ciertas cosas que si se publican pueden poner en riesgo la vida de la chica que está desaparecida. Cuando escribo una nota no lo hago pensando en mí, pero sí pienso en la víctima y su familia”.

Garza afirma que en el Siglo del Torreón se están ejecutando todas las medidas de protección posibles, y por ello tienen “mucho cuidado” con las notas que publican y están replanteándose “qué más se puede hacer”.

La joven reportera patricia Caudillo explica que, a pesar de que los medios se ven obligados en muchas ocasiones a aplicar la autocensura y limitar sus coberturas, “hablar de que el periodismo en México claudica sería catastrófico, por ello debemos unirnos y también expresarnos con nuestra mejor arma, nuestra voz, nuestro medio”.


 

Publicado en Opinión y Debate

De acuerdo con la medición mundial de libertad de prensa que lleva acabo anualmente Reporteros Sin Fronteras, desde el 2009, México pasó del lugar 138 al 153 en 2012-2013, de 179 países evaluados.

En mayo de 2012 la revista de periodismo de investigación “Contralínea”, dio a conocer datos estadísticos sobre el número de agresiones a periodistas en los últimos 12 años. Del 2001 al 2012 ocurrieron 93 asesinatos y 16 desapariciones. De éstos, 79 ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ante estas cifras, Óscar Balderas, joven periodista y reportero freelance en temas de seguridad y crimen organizado, afirma que “son muy evidentes a la hora de señalar cuál ha sido el actuar y no actuar de las autoridades mexicanas”. Y añade que existe un vacío institucional que pueda proteger a los periodistas a la hora de hacer su trabajo.

En junio pasado, el ahora ex presidente Felipe Calderón firmó la ley de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos, que pretende establecer la cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para implementar y operar medidas que garanticen la vida y la integridad, libertad y seguridad a los periodistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, Óscar Balderas considera que esta ley es inservible debido a que el presupuesto destinado para implementarla es “realmente nulo, no alcanza para nada y es una ley que tiene letra muerta”, por lo que duda que ésta vaya tener un impacto real.

Veracruz foco rojo

Una de las entidades donde se ha visto en los últimos años un notable incremento de violencia contra los periodistas, es el estado de Veracruz. Entre junio de 2011 a mayo de 2012 fueron asesinados al menos ocho periodistas.

A raíz del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, ocurrida el 28 de abril de 2012, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa creó la Comisión Estatal para Atención y Protección de Periodistas.

Según Maybelline Ibáñez Juárez, periodista veracruzana de 27 años, la función de ésta es sólo gestionar las denuncias y agresiones de periodistas. En su opinión, considera que lo que hace falta, más que una comisión estatal, es que haya “mayor ética profesional” en el gremio y destaca que se deben mejorar los salarios, “el no tener un salario digno eso hace que el periodista caiga por ende a las redes de la delincuencia”.

¿Hay voluntad política para proteger a los periodistas?

En reiteradas ocasiones, organizaciones internacionales para la defensa y protección de periodistas y de derechos humanos, han exhortado a las autoridades federales y estatales a redoblar esfuerzos para proteger a los periodistas, reducir las amenazas y frenar la ola de asesinatos; el más reciente llamamiento fue hecho por Amnistía Internacional.

En este sentido, Óscar Balderas asegura que no ve que haya voluntad política para resolver la situación de seguridad de los periodistas. “México puso el 42 por ciento de los periodistas asesinados en América Latina este último año, esto se debe principalmente a la inacción de las autoridades”. Asimismo subraya, “no vemos mecanismos con presupuesto, tampoco vemos capacitación constante a los servidores públicos, los policías y militares siguen siendo prepotentes con los periodistas”.

Por su parte Maybelline Ibáñez Juárez asegura que los periodistas veracruzanos no han visto apoyo del gobierno federal. “No, la verdad no se ha tenido el gran apoyo. En el 2010 se hablaba mucho sobre la falta de apoyo e interés del gobierno de Felipe Calderón en ese sentido”.

¿Quién está matando a los periodistas?

A lo largo de los seis años del gobierno de Felipe Calderón, las agresiones y asesinatos de periodistas han sido atribuidos al crimen organizado, sin embargo en abril pasado, Javier Sepúlveda Amed, miembro de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que sólo el 15 por ciento de las 755 agresiones han sido resueltas.

Ante esto, Óscar Balderas afirma que, “estoy absolutamente seguro de que si es el crimen organizado quien está matando y desapareciendo a nuestros colegas, es por que goza de la impunidad y del apoyo institucional”, por lo que concluye diciendo, que el verdadero responsable de las muertes de los periodistas es el Estado por dos cuestiones: “por la omisión para hacer investigaciones serias, profundas y que terminen con verdaderos culpables, y la segunda, por la acción directa de la corrupción”.

Publicado en Opinión y Debate
Martes 29 de enero de 2013 05:00

San Juan, no olvides la belleza de tus calles

Una reflexión sobre la contaminación visual en una de las ciudades más impresionantes de América: el Distrito Federal en México.

Ciudad de México. (Suministrada)

Mientras escribo estas palabras estoy en la capital de México, mejor conocida como el Distrito Federal o el D.F. Caminar por sus calles y visitar varios museos, me obligan a una reflexión comparativa con San Juan, Puerto Rico.

La abundancia de museos en esta gran ciudad, algunos de entrada gratuita, los demás asequibles, me dieron la certeza de que no gasté mi dinero en vano. En este viaje he podido acercarme al legado cultural del pueblo mexicano y a obras del mundo entero que están de visita en este suelo. De hecho, en el Centro Histórico de México hay tantos museos que un día completo no da para verlos y aunque traté de hacerlo mi cuerpo me pidió misericordia luego de haber visitado el MUNAL, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Monsiváis, La Catedral y el Museo Nacional de las Culturas, en el que se hace un recorrido por las culturas antiguas de Oriente Medio y Grecia.

En este sentido, visitar México como turista es una buena decisión, pero vivir en el DF es otra cosa y es sobre ese particular que quiero reflexionar en este escrito. Fuera de las zonas culturales o de clase alta, los dueños de negocios en esta enorme ciudad han convertido sus calles en recipientes de la publicidad desmedida creando una contaminación visual difícil de imaginar para quien no la ve con sus propios ojos.

En las calles y avenidas del DF hay multiplicidad de propaganda, literalmente, en cada espacio disponible de la fachada de cada negocio u hogar localizado en zonas comerciales o semicomerciales.

Además de esto, la arquitectura de muchas de las casas del D.F. es tristemente sobria. La mezcla de arquitectura tipo cajón –remanente de las ideologías de la modernidad–, sin balcones y de colores opacos, donde no se privilegia la belleza, combinada con la contaminaciónvisual de miles de anuncios, lleva al visitante a preguntarse dónde han quedado las leyes de control de publicidad en esta gran metrópoli latinoamericana.

En el Distrito Federal en México miles de casas localizadas en calles comerciales o semicomerciales son utilizadas como soporte para la publicidad. En la foto también se advierte el tipo de diseño en las fachadas, cuadrado y sin balcón. El mismo se diferencia del tipo de arquitectura con aleros (cornisas) y balcón utilizada en la mayoría de los hogares en Puerto Rico. (Suministrada)

Y eso es exactamente lo que he hecho. Mientras viajo por la ciudad en taxi y la observo a través de las ventanas, pienso que quizás lo que ha ocurrido aquí es que ante el crecimiento imparable de la ciudad, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, el mexicano
optó por resguardar a lgunos de sus espacios para la belleza, donde efectivamente se aplican las leyes de control de publicidad y donde la arquitectura es elegante y agradable a la vista como El Zócalo, Coyoacán, la Zona Rosa, El Bosque de Chapultepec, por mencionar
solo algunos, y sacrificó el resto de la ciudad al dios de la propaganda y al de la arquitectura insípida.

He viajado a otras ciudades centroamericanas y sudamericanas y sé que en ellas este patrón se repite a menor escala porque es el resultado de la concentración de empleos y de grandes y pequeñas empresas en las capitales. Las capitales, a su vez, carecen de leyes que protejan las fachadas del agresivo comportamiento del mercado.

Reflexiono sobre este tema en una publicación puertorriqueña porque entiendo que San Juan necesita crecer económicamente (tarde o temprano y a pesar de la crisis, lo hará) y por supuesto, también necesita copiar a capitales como la mexicana en el tema de la proliferación de museos, el desarrollo de la universidad pública, el sistema de transporte e incluso, el tema de las microempresas. Pero a su vez pienso que debemos tener cuidado en cuanto a cómo se desarrolla, por un lado, la arquitectura del resto de la ciudad y por otro, la competencia publicitaria en las calles sanjuaneras.

Avenida 65 de Infantería en San Juan, Puerto Rico. (Suministrada)

Nuestra capital crecerá como centro económico y como centro cultural de la Isla. Ambos crecimientos deben ir acompañados por una correspondencia entre la noción de que en la ciudad vive gente que se merece una mejor calidad de vida y el respeto por el crecimiento del pequeño y mediano comerciante.

Después de todo no estamos en medio de la construcción de un posible paisaje sino de un paisaje que ya está ahí y continúa transformándose día a día.
Lo interesante será ir conociendo las intenciones con las que los sanjuaneros le imprimiremos a la ciudad ciertos fines en específico.

*La autora es periodista y escritora.

Publicado en Cultura hoy
Martes 15 de enero de 2013 09:10

En jaque la democracia mexicana

El respeto y apego a los derechos humanos podría quedar a la deriva si se aprueba una reforma a la Carta Magna de México.

El pasado 03 de enero, el diputado del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Francisco Agustín Arroyo, propuso hacer una modificación al artículo primero de la Constitución de México en lo referente a los Derechos Humanos.

De inmediato, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, así como Hacia una Cultura Democrática, protestaron porque la iniciativa de Arroyo podría poner en peligro “los avances logrados”. El argumento central es “el debilitamiento de la democracia mexicana”.

Clara Jusidman, luchadora social y defensora de los derechos humanos, explica los bemoles de la propuesta priísta: “En el año 2011 se logró en México que el concepto y el enfoque de derechos humanos quedara incorporado a la Constitución mexicana.

Anteriormente nuestra Carta Magna hablaba de garantías individuales y con la reforma constitucional del año 2011, el artículo primero habla de los derechos humanos y sus garantías”.

De acuerdo con Jusidman, “la modificación al artículo primero lograba darle igual jerarquía en la Constitución mexicana a todos los tratados que en materia de derechos humanos ha firmado y ha avalado México. Se supone que esos tratados antes de ser firmados por México son revisados por el Senado mexicano, y después se aprueban”.

En otras palabras, la importancia de la reforma al artículo primero era que por primera vez se le daba igual jerarquía a los tratados internacionales que a la Constitución. Y por lo tanto, el ámbito de los derechos humanos protegidos en México se ampliaba ya no solo a los que estaban establecidos plenamente en la Constitución mexicana, sino a los plasmados en los tratados internacionales.

“Además, cuando había alguna diferencia o controversia entre lo que decía la Constitución y los tratados internacionales se aplicaría el concepto PRO HOMINE, es decir, que la interpretación jurídica busque el mayor beneficio para la persona”, explica Clara Jusidman.

Los colectivos de derechos humanos sostienen que la reforma constitucional que está promoviendo el priísta Francisco Agustín Arroyo, elimina la consideración de los tratados internacionales y de todos los derechos que en ellos están previstos, aún aquellos que no están en la Constitución; ese es el primero cambio.

El segundo cambio que propone Arroyo, señala que cuando hay controversia entre lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales, se debe optar por la interpretación de la Constitución.

Clara Jusidman explica que “hay temas debatibles que hay que discutir, por ejemplo en México los jerarcas religiosos, los ministros de culto, no tienen derecho a presentarse como candidatos en las elecciones; eso está establecido en la Constitución. Según los tratados internacionales, toda persona tiene derecho a votar y ser votado. Esas cuestiones se irán ajustando, pero la reforma presentada por Arroyo, de verdad representaban un retroceso a todo lo que se había logrado en el 2011” concluye.

A quien se pregunte, la respuesta que se esgrime es siempre similar. El artículo 1 de la Constitución de México es ejemplar. Por ejemplo, mientras Estados Unidos obtenía gran riqueza gracias al trabajo esclavo de sus afroamericanos, México no sólo prohibió la esclavitud sino que en su Constitución estableció que: “Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.”

Las leyes mexicanas eran incómodas y peligrosas para los esclavistas norteamericanos, y este fue un motivo muy importante – junto con la especulación de tierras- para arrebatarle Texas a México en el siglo XIX. Se debió, en gran parte, a lo que se contemplaba dentro del artículo 1 de la Carta Magna.

En junio del 2011 se agregó un párrafo que prohíbe, condena y persigue todo tipo de discriminación: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Y ese mismo año México se comprometió a respetar todos los acuerdos internacionales que protejan los derechos humanos: “En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.

Y no sólo eso: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio del 2011).

Según Clara Jusidman, “la controversia que estamos haciendo las organizaciones defensoras de derechos humanos es que los cambios que propone Arroyo echan por tierra los importantísimos cambios del 2011 que colocaba a México con una Constitución semejante a la de los países democráticos más avanzados y volvía a privilegiar la Constitución por encima de los tratados internacionales.”

Fuente Radio Nederlands Latinoamérica
 

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